Los países de América Latina y el Caribe han recorrido un camino voluntario durante más de 25 años hacia la construcción de una arquitectura institucional y normativa para la materialización de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. El surgimiento del Acuerdo de Escazú sobre este tema, marca una nueva ruta hacia el futuro que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos.

El panorama actual de Colombia en este aspecto, muestra por una parte la existencia de diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos y por otra, que sin duda se requiere un enorme esfuerzo para dejar de ser uno de los países del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores, y que justamente, el Acuerdo de Escazú plantea respuestas frente a dicha situación.

Dentro de los beneficios del Acuerdo para los países que se hagan parte del mismo en materia de gobernanza ambiental, se encuentran la oportunidad de fortalecer sus instituciones y trabajar sobre las debilidades de los marcos legales y de política pública, así como el establecer estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte; y de asistencia, movilización de recursos y cooperación Sur – Sur entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros.

La entrada en vigor del Acuerdo determinará múltiples oportunidades para robustecer la gobernanza ambiental en Colombia, pero de igual forma, requerirá de altas dosis de voluntad política por parte del gobierno para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen la estructura nacional; y de procesos de articulación que propicien alianzas desde un enfoque multi-nivel y multi-actor.

El Acuerdo de Escazú ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano. Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales, o las de los países miembros de la OCDE.

Hoy catorce países de la región hicieron historia firmando el Acuerdo en la ceremonia dispuesta para ello en la Asamblea General de Naciones Unidas y comprometieron su voluntad de iniciar sus respectivos procesos de ratificación. Colombia no fue uno de ellos. Sin embargo, la historia no termina aquí y el país aún está a tiempo de demostrar un compromiso real con el desarrollo sostenible y con la protección del ambiente a través de la firma y ratificación de este instrumento regional sin precedentes.