¿Qué significa el Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental para Colombia?

Los países de América Latina y el Caribe han recorrido un camino voluntario durante más de 25 años hacia la construcción de una arquitectura institucional y normativa para la materialización de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. El surgimiento del Acuerdo de Escazú sobre este tema, marca una nueva ruta hacia el futuro que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos.

El panorama actual de Colombia en este aspecto, muestra por una parte la existencia de diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos y por otra, que sin duda se requiere un enorme esfuerzo para dejar de ser uno de los países del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores, y que justamente, el Acuerdo de Escazú plantea respuestas frente a dicha situación.

Dentro de los beneficios del Acuerdo para los países que se hagan parte del mismo en materia de gobernanza ambiental, se encuentran la oportunidad de fortalecer sus instituciones y trabajar sobre las debilidades de los marcos legales y de política pública, así como el establecer estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte; y de asistencia, movilización de recursos y cooperación Sur – Sur entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros.

La entrada en vigor del Acuerdo determinará múltiples oportunidades para robustecer la gobernanza ambiental en Colombia, pero de igual forma, requerirá de altas dosis de voluntad política por parte del gobierno para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen la estructura nacional; y de procesos de articulación que propicien alianzas desde un enfoque multi-nivel y multi-actor.

El Acuerdo de Escazú ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano. Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales, o las de los países miembros de la OCDE.

Hoy catorce países de la región hicieron historia firmando el Acuerdo en la ceremonia dispuesta para ello en la Asamblea General de Naciones Unidas y comprometieron su voluntad de iniciar sus respectivos procesos de ratificación. Colombia no fue uno de ellos. Sin embargo, la historia no termina aquí y el país aún está a tiempo de demostrar un compromiso real con el desarrollo sostenible y con la protección del ambiente a través de la firma y ratificación de este instrumento regional sin precedentes.

Mesa para el fortalecimiento de la Democracia Ambiental en Colombia es una realidad

A menos de dos meses de la apertura a firma del Acuerdo de Escazú en la Asamblea General de Naciones Unidas, Colombia formaliza la creación de una novedosa instancia de diálogo y fortalecimiento de la democracia ambiental en el país.

Desde noviembre de 2016 se conformó la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA) por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la sociedad civil con el fin de promover la implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, pilares de la democracia ambiental, establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992 y desarrollados por la Constitución y la normatividad en Colombia.

En los últimos dos años, la MIDA se reunió de manera voluntaria con el fin de articular acciones entre los diferentes sectores nacionales para la garantía del Principio 10 en el país y para analizar la posición de Colombia en el proceso de negociación regional del Acuerdo de Escazú impulsado por la CEPAL sobre este tema.

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Evento de lanzamiento de la MIDA en noviembre de 2016.

Para formalizar esta novedosa instancia de diálogo ambiental, el pasado 3 de agosto el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1496 de 2018 por la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, que busca la acción integrada del Estado y la promoción de políticas, planes, programas respecto de los derechos de acceso en asuntos ambientales.

“Algunos de los aspectos más destacados de la Resolución son, la amplia participación de la sociedad civil, de los grupos étnicos, de las entidades territoriales, de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental y de los sectores económicos. La Mesa también se reunirá por lo menos tres veces al año y contará con grupos de trabajo temáticos o regionales y de expertos para asesorar su labor” señaló Lina Muñoz, Supervisora del Grupo de Acciones Públicas y Directora de los programas de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario.

La MIDA, apoyará entre otras acciones, el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de Escazú, el cual estará abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe a partir del 27 de septiembre próximo en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Instalado el nuevo gobierno, Colombia deberá iniciar las gestiones para la firma y ratificación del Acuerdo.

Para conocer el texto completo de la Resolución haga click aquí.

América Latina y el Caribe reafirman su compromiso con la democracia ambiental

En Costa Rica, el pasado domingo 4 de marzo, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, y con la significativa participación del público, adoptaron por consenso un histórico tratado internacional que crea estándares de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados desde 1992 en el Principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Este acuerdo regional ahora denominado “Acuerdo de Escazú” se empezó a negociar desde 2014 bajo la secretaría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y alcanzó nueve rondas de discusión.

El objetivo de este novedoso instrumento jurídico es garantizar la completa y efectiva implementación en nuestra región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo de carácter vinculante es un triunfo colectivo sin precedentes para la región al incorporar medidas de avanzada sobre temas ambientales.

El Acuerdo de Escazú es el primer convenio internacional en establecer disposiciones para la protección de los defensores ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte y de cooperación en la materia entre los países latinoamericanos y caribeños.

Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos por los organismos de las Naciones Unidas como un medio fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un canal para que por ejemplo, Colombia pueda demostrar mayores y mejores avances en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Ahora que el proceso de negociación culminó, los países de la región tienen la tarea de iniciar los trámites nacionales de firma y aceptación o ratificación, según corresponda. Cuando al menos 11 naciones lo hayan ratificado, este acuerdo entrará en vigencia. El acuerdo compuesto por 26 artículos estará abierto a la firma de cualquiera de los 33 países de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. Se espera que la primera conferencia de los Estados Parte ocurra hacia el año 2021.

Las copias auténticas y oficiales en español del texto final adoptado en Costa Rica se encuentran disponibles aquí.

 

Un regalo para el ambiente: del paso de una noticia anunciada a una acción global decidida

Cada año, se celebra internacionalmente el cinco de junio el día mundial del medio ambiente y paradójicamente, el primer día de este mes el presidente de Estados Unidos anuncia que ha tomado la decisión de retirar a su país, el segundo emisor de gases efecto invernadero del planeta, del Acuerdo de París sobre cambio climático. Este histórico instrumento jurídico internacional que entró en vigor a finales de 2016, establece medidas ambiciosas para contener el aumento de la temperatura media de la tierra, promover iniciativas que limiten la emisión de gases efecto invernadero y fortalecer la capacidad de los países para afrontar los efectos adversos del calentamiento global.

 Bajo la premisa de que el cambio climático no es real, Trump señala que su deber de proteger a su país y a sus ciudadanos implica privilegiar a determinados sectores económicos y renunciar a la responsabilidad colectiva de velar por el futuro del mundo y de las próximas generaciones, tal y como lo señaló públicamente su predecesor Barack Obama. Para muchos, esta noticia no se trata de una gran sorpresa sino del cumplimiento de lo que el mandatario norteamericano ya había advertido desde la campaña electoral. Desde la perspectiva del derecho internacional,  jurídicamente, Estados Unidos tendrá que esperar dos años para hacer efectivo su retiro.

 Lo cierto es que esta nueva situación no desanima al mundo sino que genera el efecto contrario que desean, quienes la producen. En lugar de desesperanza, se leen múltiples mensajes de optimismo de una comunidad internacional comprometida  y decidida en la lucha frente al cambio climático.  En lugar de resignación, líderes mundiales, organismos internacionales, organizaciones sociales y activistas ambientales manifestaron su rechazo y decepción frente a la decisión de Estados Unidos y se mostraron perseverantes, cuando otras regiones y países manifestaron su intensión de asumir el liderazgo en la acción climática global.

 También es cierto, que cada día los temas ambientales, entre ellos, el cambio climático, se posicionan con más fuerza en la agenda de prioridades de las naciones del mundo mediante reformas legales e institucionales y escenarios de diálogo como el que se realizó en Lima, Perú del 30 de mayo al 2 de junio con expertos de América Latina y Europa a través del programa EUROCLIMA.

 Ahora más que nunca, las adversidades nos impulsan a continuar trabajando en la defensa del medio ambiente y en la búsqueda de medidas para afrontar los problemas ambientales que las mismas actividades humanas han generado, todo ello como un merecido regalo para nuestro planeta azul. Desde la cotidianidad de nuestras vidas, como funcionarios públicos, empresarios, académicos o ambientalistas todos somos defensores de la tierra.