Colombia: entre Iota y la Niña en el año del COVID-19

Por primera vez en la historia de Colombia llega un huracán en categoría 5 a su territorio y por quinta vez en los últimos 25 años, el país enfrenta el fenómeno de la Niña. Ciertamente no serán las últimas veces pero las poblaciones vulnerables siguen siendo las más afectadas ¿Se trata de una coyuntura climática?

Por Lina Muñoz-Ávila y Maria Lucia Torres Villarreal

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha registrado 10 huracanes desde inicios del siglo XIX pero ninguno como “Iota” que se presentó entre el 15 y el 16 de noviembre de 2020. Sin duda pasarán varias semanas antes de que el país pueda cuantificar la magnitud de la devastación que éste dejó a su paso. Desde inicios del mismo mes, Colombia también experimenta el fenómeno de la Niña. En la historia reciente de Colombia, la ola invernal de 2010 – 2011 es tristemente recordada pues se manifestó con intensas lluvias que afectaron con inundaciones, avalanchas y remociones en masa varias zonas del país.

Para enero de 2011, la ola invernal había dejado cerca de 2.500.000 de afectados, con efectos devastadores en el 63% del territorio nacional y un valor estimado de daños por 11,2 billones de pesos, siendo las más afectadas las áreas rurales con presencia de grupos indígenas y afrocolombianos, así como los barrios marginales de cascos urbanos donde se registraban asentamientos de población desplazada. En ese entonces los departamentos más afectados fueron Chocó, Bolívar y Magdalena y hoy la historia se repite.

 Al respecto, la evidencia científica señala que se han detectado tendencias en relación con la intensidad y la frecuencia de varios fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, como los huracanes y las precipitaciones, asociados al aumento de la temperatura en el planeta. Sobre este punto, probablemente muchas personas hoy se preguntan, ¿Qué tienen que ver estos fenómenos con el cambio climático? La respuesta se ha venido desarrollando desde hace años por el grupo de expertos científicos más importante sobre la materia a nivel mundial, el IPCC, quienes han señalado que las actividades económicas humanas han hecho que la Tierra se caliente progresivamente a niveles muy peligrosos para la vida humana y de otras especies.

Este calentamiento trae consecuencias catastróficas para todas las personas y los ecosistemas. Por ejemplo, los océanos han cambiado incrementando su nivel y temperatura. Un planeta más caliente también incrementa la exposición de las islas pequeñas y las zonas costeras a los riesgos asociados al aumento del nivel del mar, como la pérdida de vidas humanas, de patrimonio cultural, de servicios ecosistémicos y daños en la infraestructura.

Desplazamiento forzado por causa del cambio climático

Lamentablemente, las poblaciones en situación de pobreza y de vulnerabilidad son las que más sufren los efectos devastadores de los fenómenos climáticos adversos como los huracanes, el aumento de las precipitaciones y sus inundaciones.

La Organización de Naciones Unidas, desde 1998, ha precisado que los desastres naturales constituyen una causal de desplazamiento forzado, así como la violencia y el conflicto armado y en razón de ello, los Estados deben adaptar sus legislaciones en aras de proteger los derechos humanos de la población afectada por desastres naturales, en los mismos términos en que se protegen los de los otros desplazados. Según el IDMC, organismo que hace seguimiento al tema del desplazamiento forzado a nivel global, en un período de 11 años (2008-2019) se han desplazado cerca de 250 millones de personas por causas asociadas al ambiente, incluyendo los desastres naturales.

El desplazamiento forzado se produce cuando las personas deben abandonar su lugar habitual de residencia en virtud de la fuerza de un tercero, que puede ser la naturaleza. En ese sentido, el Estado colombiano no puede seguir tratando como damnificados y bajo la premisa de la asistencia humanitaria, a quienes deberían tener el tratamiento de desplazados forzados, máxime en un Estado en el que la institucionalidad ya está dada para la atención de este sector de la población. No tenemos que esperar otro huracán categoría 5 ni una Ola Invernal como la de 2010-2011, para que un país, con alta tendencia a la ocurrencia de desastres naturales como el nuestro, maneje las cosas por su nombre y dé cumplimiento a los estándares de protección de los derechos humanos a los que se ha obligado como Estado.

Es mejor prevenir que lamentar

Incorporar en la gestión pública un enfoque preventivo y de adecuada planificación frente al cambio climático, reduce los riesgos y hace posibles mejores y mayores oportunidades de adaptación. Esto se traduce en impulsar medidas como la gestión y la restauración de ecosistemas costeros naturales y el fortalecimiento temprano y oportuno de la infraestructura vial, eléctrica y hospitalaria, entre otras. Sin duda, las inversiones en adaptación son una condición habilitadora fundamental para mejorar la resiliencia y son mucho más costo-eficientes que asumir los montos de recuperación del 98% de la infraestructura de un territorio, como por ejemplo, en el caso de Providencia.

Fortalecer las capacidades para la acción climática de autoridades nacionales y subnacionales, sociedad civil, sector privado, grupos étnicos y comunidades locales, ayudará en la aplicación de medidas ambiciosas de mitigación y adaptación en la lucha contra el calentamiento global.

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