Por: Anamaria Sánchez Quintero – Grupo de Acciones Públicas, Universidad del Rosario

Se cumplió un año del devastador paso del Huracán Iota. Una estrategia judicial de la comunidad raizal para exigir el reconocimiento de su dignidad está en manos de la Corte.

El aniversario del paso del Huracán Iota por el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no puede ser leído únicamente contando cifras de casas reparadas y construidas, de recursos invertidos y ejecutados, de días prometidos y transcurridos. Es una situación humana que sigue reflejada en la desesperanza, en las condiciones indignas en las aun que viven muchos de los isleños y residentes, en la incertidumbre que sufren sobre la reconstrucción y la reactivación económica y en la última esperanza que tienen de que la Corte Constitucional ampare sus derechos humanos.

Transcurrido un año de ocurrida la tragedia en el Archipiélago, diferentes medios de comunicación reportaron la situación que enfrentan los isleños y residentes cubriendo tanto la perspectiva de la comunidad, como la de las autoridades locales y nacionales. Después de dar una lectura a algunos de estos reportes, queda un mensaje claro: la situación en el Archipiélago sigue siendo incierta, sobre todo por la falta de información pública y unificada que dé claridad sobre los avances, los retos y los pasos a seguir en el proceso de reconstrucción de viviendas, instituciones educativas y culturales y refugios, así como del hospital y la infraestructura necesaria para los servicios de turismo y pesca, actividades económicas principales de los habitantes de las islas, especialmente del pueblo raizal (Así va la reconstrucción de San Andrés y Providencia después de Iota).

Estas situaciones han sido denunciadas por el Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence en una acción de tutela que busca la protección de los derechos de los isleños y residentes a la vivienda digna, a la salud y a la vida digna, así como los derechos del pueblo raizal a la consulta previa, la identidad cultural y la propiedad ancestral. Esta acción está orientada a que el proceso de reconstrucción de las islas sea realizado de manera pública, transparente y culturalmente adecuada. No obstante, la acción fue interpuesta el 16 de diciembre de 2020, sin que los jueces todavía hayan amparado los mencionados derechos humanos. Más aún, los accionantes han atravesado múltiples obstáculos judiciales que sólo han llevado a la revictimización de un pueblo que ha sido históricamente olvidado por el Estado colombiano. (Los puntos en los que Procuraduría pide celeridad en reconstrucción de Providencia)

Ahora, cerca de cumplirse un año desde la interposición de una acción judicial que debería ser expedita ante la inminencia de daños irreparables a los derechos fundamentales, la esperanza está en manos de la Corte Constitucional, quien tiene la oportunidad de ordenar a las entidades demandadas que tomen acciones coordinadas, transparentes y participativas con el fin de agilizar este proceso de reconstrucción y, además, permitir que el Archipiélago sea construido en armonía con la cosmovisión raizal para quienes el territorio, el mar y sus viviendas forman parte integral de su tradición como etnia (“Ni en 100 ni en 365 días reconstruyeron Providencia”).

El Alto Tribunal tiene una oportunidad única de reivindicar la dignidad humana de los habitantes del Archipiélago, de proteger de manera ejemplar los derechos de las víctimas de desastres naturales, de coordinar las acciones nacionales y locales para responder a las consecuencias del cambio climático y de permitir que la cultura raizal sobreviva ante la destrucción de su territorio ancestral.