América Latina y el Caribe reafirman su compromiso con la democracia ambiental

En Costa Rica, el pasado domingo 4 de marzo, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, y con la significativa participación del público, adoptaron por consenso un histórico tratado internacional que crea estándares de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados desde 1992 en el Principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Este acuerdo regional ahora denominado “Acuerdo de Escazú” se empezó a negociar desde 2014 bajo la secretaría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y alcanzó nueve rondas de discusión.

El objetivo de este novedoso instrumento jurídico es garantizar la completa y efectiva implementación en nuestra región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo de carácter vinculante es un triunfo colectivo sin precedentes para la región al incorporar medidas de avanzada sobre temas ambientales.

El Acuerdo de Escazú es el primer convenio internacional en establecer disposiciones para la protección de los defensores ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte y de cooperación en la materia entre los países latinoamericanos y caribeños.

Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales han sido reconocidos por los organismos de las Naciones Unidas como un medio fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un canal para que por ejemplo, Colombia pueda demostrar mayores y mejores avances en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Ahora que el proceso de negociación culminó, los países de la región tienen la tarea de iniciar los trámites nacionales de firma y aceptación o ratificación, según corresponda. Cuando al menos 11 naciones lo hayan ratificado, este acuerdo entrará en vigencia. El acuerdo compuesto por 26 artículos estará abierto a la firma de cualquiera de los 33 países de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. Se espera que la primera conferencia de los Estados Parte ocurra hacia el año 2021.

Las copias auténticas y oficiales en español del texto final adoptado en Costa Rica se encuentran disponibles aquí.

 

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